Agentes de la Policía Nacional han detenido este fin de semana a 65 personas y han tomado declaración a otras 40 en calidad de investigados, por ser los presuntos autores de delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Las 105 personas investigadas presuntamente formaban parte de un entramado criminal dirigido a simular gran número de accidentes de tráfico con el fin de obtener una ganancia pecuniaria a costa de las compañías aseguradoras.

En el mes de septiembre del pasado año los investigadores tuvieron conocimiento, a través de información procedente de un Juzgado de Instrucción de Murcia, de la posible simulación de un accidente de tráfico en una rotonda de la capital. Constituyó el punto de inicio de una investigación policial que se ha prolongado hasta el presente mes de octubre.

Los agentes solicitaron a varias compañías aseguradoras de vehículos que remitiesen toda la documentación relativa a este accidente y otros que tuviesen vinculación con el mismo, por la titularidad del conductor y los ocupantes. Así, obtuvieron 22 expedientes acompañados de informes redactados por empresas de detectives privados en los que se recogía -de forma detallada y a través de recreaciones en vídeo- la incongruencia entre las manifestaciones de los implicados en el accidente y los daños ocasionados en los vehículos intervinientes.

Tras el análisis de toda la documentación, se detectó que entre los núcleos urbanos de Murcia y Molina de Segura se había creado una organización conformada por particulares y empresas. Se dedicaban a simular accidentes de tráfico para reclamar a los seguros, no sólo por los daños sino también por las supuestas lesiones ocasionadas sobre el conductor y los ocupantes de los vehículos. Reparto de tareas: captadores, accidentados, letrados y sanitarios

El entramado repartía las tareas para el fraude entre supuestas víctimas de los accidentes, conductores, letrados y personal de las clínicas de rehabilitación. El captador de la organización era el responsable de la búsqueda de personas que se encontraban en una situación económica precaria para ofrecerles ganar dinero, no en cantidades elevadas pero sí con facilidad.

Los letrados daban cobertura legal al procedimiento de reclamación necesario para conseguir las indemnizaciones; solicitaban un tanto por ciento del futuro resarcimiento económico que percibiría la persona a la que representaban. En ocasiones, se servían de segundos letrados para tramitar los expedientes de siniestros, con el fin de que sus nombres no figurasen en los mismos y así tratar de evitar sospechas por parte de las compañías aseguradoras, dificultando también una posible investigación. Eran los organizadores de la trama y formaban parte del inicio, tramitación y posterior reclamación de indemnizaciones de los accidentes simulados.

Las clínicas médicas y de fisioterapia, algunas propiedad de los abogados de la trama o con vínculos económicos y/o personales con alguno de ellos, eran las que ofrecían el servicio sanitario y la cobertura documental. Sin embargo, en la mayoría de los 22 accidentes documentados, la asistencia sanitaria declarada no llegaba a producirse nunca; no se dieron las rehabilitaciones recomendadas en los informes sanitarios, ni tampoco se realizaron las radiografías ni resonancias prescritas. Los informes de lesiones se emitían por facultativos sanitarios y médicos que ni siquiera asistieron al supuesto paciente en ninguna ocasión.

Los implicados defraudaron una cantidad cercana a los 300.000 euros, por lo que los agentes tomaron declaración a 112 personas: siete en calidad de testigos y 105 como investigados, de los que 65 fueron finalmente detenidos.