La Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, introduce importantes cambios en el Baremo de Indemnizaciones por Accidentes de Tráfico en España que permiten una mayor protección de las víctimas de accidentes de tráfico y una mayor transparencia en la valoración de las lesiones. Algunos de los aspectos más importantes de esta ley son:

1. Introducción de criterios objetivos: Se establecen criterios objetivos para la valoración de las lesiones, en lugar de criterios subjetivos basados en la experiencia del perito. Esto permite una mayor transparencia y una mayor uniformidad en la valoración de las lesiones.
2. Inclusión de nuevas lesiones: Se incluyen nuevas lesiones en el Baremo, como las lesiones cerebrales, las lesiones medulares y las lesiones psicológicas. Esto permite una mayor protección de las víctimas de accidentes de tráfico.
3. Aumento de las indemnizaciones por fallecimiento: Se aumentan las indemnizaciones por fallecimiento, lo que permite una mayor protección a los familiares de la víctima.
4. Inclusión de criterios de edad: Se introducen criterios de edad en la valoración de las lesiones, lo que permite una mayor protección a las víctimas más jóvenes y más mayores.
5. Reducción de los plazos de pago: Se establecen plazos máximos de pago por parte de las compañías de seguros, lo que reduce los tiempos de espera para la víctima.

Además de los aspectos mencionados anteriormente, la Ley 35/2015 de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, introduce otras novedades importantes en el Baremo de Indemnizaciones por Accidentes, entre las que se incluyen:

1. Indemnizaciones por daño moral: Se establecen indemnizaciones por daño moral, que antes no estaban contempladas en el Baremo. Estas indemnizaciones tienen en cuenta el dolor, sufrimiento, angustia y trastornos psicológicos derivados del accidente, y se valoran en función de la gravedad del daño causado.
2. Valoración de los perjuicios económicos: Se establece un nuevo sistema de valoración de los perjuicios económicos, que tiene en cuenta no solo el perjuicio patrimonial directo causado por el accidente (gastos médicos, de rehabilitación, etc.), sino también los perjuicios indirectos (pérdida de ingresos, incapacidad laboral, etc.).
3. Incremento de las indemnizaciones en caso de accidentes de tráfico con consecuencias graves: Se establecen indemnizaciones especiales para accidentes de tráfico con consecuencias graves, como los que provocan lesiones permanentes o que afectan gravemente a la calidad de vida de la víctima.
4. Valoración del lucro cesante: Se incluye una valoración del lucro cesante, que tiene en cuenta la pérdida de ingresos que sufre la víctima como consecuencia del accidente, y se establece un criterio objetivo para calcularlo.
5. Regulación de los gastos derivados de la reclamación: Se establece un límite máximo para los gastos derivados de la reclamación de la indemnización, que antes no estaba regulado.

En resumen, la Ley 35/2015 introduce una serie de novedades importantes en el Baremo de Indemnizaciones por Accidentes de Tráfico en España, que permiten una mayor protección de las víctimas de accidentes de tráfico y una mayor transparencia en la valoración de los daños y perjuicios causados.

Por ejemplo, el abogado debe estar al tanto de las nuevas indemnizaciones por daño moral establecidas en el Baremo y saber cómo valorarlas correctamente. También debe conocer el nuevo sistema de valoración de los perjuicios económicos y cómo incluir todos los perjuicios indirectos que puedan corresponder a la víctima en su reclamación de indemnización.

Asimismo, un abogado especializado en accidentes de tráfico debe conocer los casos en los que se pueden aplicar las indemnizaciones especiales para accidentes de tráfico con consecuencias graves, y estar en condiciones de reclamarlas en caso necesario.

En definitiva, un abogado especializado en accidentes de tráfico debe estar al tanto de las novedades introducidas por la Ley 35/2015 y saber cómo aplicarlas en cada caso concreto para defender los intereses de sus clientes de la manera más efectiva posible.